ORÍGENES DE LA URNA CENTENARIA

La urna centenaria que reposa hoy en el Museo de Bogotá (Cra 4#10-18), y que se encuentra a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se ha mantenido cerrada desde octubre de 1911 hasta nuestros días. Siendo poca la información recopilada hasta el momento con respecto a su trayectoria y origen, el Instituto ha estado reconstruyendo su historia lentamente a partir de datos precisos encontrados en periódicos, archivos de notaría, actas de sesión del Concejo y, por su puesto, de la misma urna, que como documento y objeto protagonista, se ha constituido en el punto de partida de la indagación. En su puerta frontal, la urna lleva impreso el designio del Concejo Municipal de la ciudad hace ya casi cien años: URNA CENTENARIA. Para abrirla el 20 de julio de 2010.

La información de esta inscripción se encuentra explicada con mayor profundidad en las dos actas correspondientes a la ceremonia de clausura de la urna. La primera de ellas se encuentra en los libros de actas del Concejo Municipal del año 1911 (actualmente en el Fondo del Concejo Municipal del Archivo de Bogotá) y la segunda acta, correspondiente a una versión más detallada de la primera, fue publicada en el Registro Municipal y protocolizada en la Notaría Segunda de Bogotá por el Notario Segundo de la época (hoy en día en el Fondo de Notarías del Archivo General de la Nación). Según los datos encontrados, la idea de hacer una urna centenaria provino de una resolución dictada por la Comisión Nacional del Centenario “referente a la colocación de una caja metálica de los documentos importantes que figuraron en las festividades del primer Centenario”(Acta del Registro Municipal). Sin embargo, fue el Concejo Municipal de Bogotá el que finalmente adoptaría la idea en la sesión del 27 de junio de 1910 y luego, el 31 de octubre de 1911, en medio de una celebración solemne, sellaría la urna con la condición de que tan sólo fuera abierta cien años después. La ceremonia se llevó a cabo durante una sesión extraordinaria del Concejo el 31 de octubre de 1911 a las ocho de la noche, como parte de sus últimas actividades, antes de que entrara en regencia el nuevo Concejo de la ciudad. A la sesión asistieron algunos de los concejales, el Alcalde, el Personero, el Director de Higiene y Salubridad y de Obras Públicas, el Tesorero Municipal y el notario segundo del circuito Julio Pinzón Escobar. Según el acta del libro del Concejo, “estando ya preparados todos los documentos, libros, folletos, fotografías” que debían colocarse en la urna, se procedió a firmar el documento de la sesión sobre una hoja de pergamino en presencia del Notario Segundo.

EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

¿ESTA EN VEREMOS?


El 3 de julio de 1810, los criollos de Cali pedían gozar de los mismos privilegios de los peninsulares, de los que estaban excluidos, sin lesionar el régimen colonial ni el Imperio Español. Se sentían españoles.


El 3 de julio de 1810, hoy hace 185 años, se llevó a cabo una junta o reunión extraordinaria del Cabildo de Cali y fue aprobada una declaración que, en sentido estricto, nada tenía de Acta de Independencia, como siempre se ha considerado. Por el contrario, ese texto proclama la adhesión a la monarquía española, al rey Fernando VII y se considera a España como la patria de los firmantes. Lo que el documento revela es un sentimiento de autonomía, que pudo expresarse gracias a que en España la monarquía había sido depuesta por Napoleón y se había alterado la legalidad en el vasto imperio católico.


Ese sentimiento autonómico venía desde tiempo atrás. De hecho, puede rastrearse en las páginas de ‘El Carnero’, de Rodríguez Freyle, escritas a comienzos del Siglo XVII. Es un reclamo, en el caso americano, de igualdad entre los descendientes de españoles nacidos en el nuevo continente con los oriundos de la península. También tiene elementos de autonomía provincial de los cuales participaban no sólo los criollos, sino también los habitantes del Reino. Esa reclamación autonómica todavía está vigente, tanto en España como en Latinoamérica.


Pero ésta no implicaba la petición de independencia, ni proclamas de libertad, ni oposición a la monarquía, ni mucho menos las ideas de democracia, nación y república -que no eran anacronismos en la época, pues formaron parte del ideario de los verdaderos patriotas-. Tampoco reclamaba reformas económicas y sociales que llevaran al fin de la esclavitud y el feudalismo. En verdad, lo que querían los criollos de 1810 era gozar de los mismos privilegios de los peninsulares, de los que estaban excluidos, sin lesionar el régimen colonial ni el Imperio Español.